VENEZUELA.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, alertó sobre un deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela al documentar 76 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el primer trimestre de 2026.
La organización describió en redes sociales un panorama marcado por el incremento de detenciones, restricciones operativas y presiones institucionales, que coinciden con la transición de poder tras los acontecimientos del 3 enero y la posterior reconfiguración del aparato estatal.
Advierte que el patrón de agresiones no se limita a hechos aislados, sino que forma parte de un esquema más amplio de presión que incluye impedimentos de cobertura, vigilancia digital, confiscación de equipos y hostigamiento a medios independientes. A ello se suma el uso creciente de narrativas desinformativas y tecnologías emergentes para distorsionar contenidos informativos.
El gremio también alerta sobre el impacto que este entorno tiene en la autocensura y en la reducción de espacios informativos independientes, en un contexto en el que organizaciones internacionales han documentado el deterioro sostenido de las libertades civiles y del espacio público en el país.
El CNP reitera su llamado a garantizar condiciones mínimas para el ejercicio libre de la prensa y a detener cualquier forma de persecución o intimidación contra periodistas, e insistió en la necesidad de restituir garantías institucionales para el derecho a la información en Venezuela
Venezuela lidera restricciones periodísticas
Organizaciones de monitoreo de libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y plataformas regionales de derechos humanos, alertan que Venezuela se mantiene entre los países con mayores limitaciones para el ejercicio informativo en el continente, con entorno caracterizado por cierres de medios, procesos judiciales contra periodistas y restricciones digitales crecientes.
Reportes recientes de organizaciones como IPYS Venezuela han señalado que la criminalización del trabajo periodístico y el uso de mecanismos legales para limitar la difusión de información crítica se han intensificado en los últimos meses, simultáneamente con aumento de detenciones y medidas cautelares contra trabajadores de la prensa.
