SANTO DOMINGO.-La monotonía del juicio preliminar del caso Calamar se rompió ayer con las intervenciones de los imputados Donald Guerrero, quien adelantó que en su oportunidad demostrará de manera “irrefutable” su inocencia; la de Angel Lockward, que delató a tres abogados querellantes que habrían pedido RD$50 millones para retirarle la acusación al exministro de Hacienda, y el escarceo que armó uno de los aludidos y que provocó que la jueza amenazara con arrestarlo en plena audiencia.
El primero en hacer uso de la palabra fue el exministro de Hacienda, a quien el Ministerio Público coloca a la cabeza de una supuesta “coalición de funcionarios” que junto a otros acusados habrían cometido estafa millonaria contra el Estado Dominicano a través de un esquema de sobornos y pagos ilegales a contratistas de la Oisoe, por expropiaciones, y cobro ilegal a juegos de azar, para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2020.
Guerrero dijo que pidió el turno únicamente para advertir que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, que según se ha divulgado en la prensa, habría sido utilizado durante más de cuatro años “como fundamento de diligencias y autorizaciones procesales”, nunca le fue notificado, en franca violación a sus derechos fundamentales y del debido proceso.
“Hoy solo quiero dejar claro en acta que ese informe, utilizado durante más de 4 años a mis espaldas, jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de lo dispuestos en la Ley 107-03”, enfatizó el exfuncionario ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Rodríguez.
Se trata de un informe que data del año 2021 y cuya exclusión, así como de otras pruebas presentadas por el MP, será solicitada en esta etapa del proceso por la defensa del exministro.
“Cuando corresponda hacer mi defensa, demostraré de manera irrefutable la absoluta transparencia con que desempeñé mis funciones públicas”, puntualizó Guerrero.
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Soborno y chantaje
Tras reiterar su inocencia en las imputaciones que le hacen abogados de la familia Mota, uno de los querellantes en el caso Calamar por incumplimiento en el pago de sus expropiaciones, Angel Lockward dijo que desde antes de ser sometido a este proceso judicial él ha sido objeto de “chantaje y extorción no solo por querellantes sino también por jueces”, por defender el derecho de clientes afectados por las expropiaciones.
Refirió que de la querella en su contra por la línea de Lucas Mota en la Parcela del Parque del Este, solo quedan cuatro porque el resto ha desistido por no tener razón.
Dijo que en una reunión que sostuvo con el director de Persecución de la Procuraduría, Wilson Camacho y la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, “propuse ceder mis honorarios, de lo que no se ha cobrado, para los abogados de los esos querellantes”, no obstante afirmar que no tienen calidad.
Se refería Lockward a los abogados Pablo Castillo, Martín Rubiera y José Javier Amado Bidó, de quienes dijo, acordaron que Castillo haría el borrador de acuerdo y se lo llevarían a su oficina.
Dijo que ese mismo día, en horas de la noche, Castillo lo visitó en sus oficinas “y lo que me propuso fue que le pidiera RD$50 millones a Donald Guerrero” para ellos retirar la querella interpuesta por los Mota en su contra.
Eso bastó para que el abogado Castillo se levantara de su asiento y, rompiendo la solemnidad del tribunal, de manera airada llamara mentiroso a Lockward mientras le pedía retractarse, afirmando que nunca intentó sobornar a nadie.
La jueza hubo de intervenir par de veces diciéndole desde el estrado que se callara y sentara porque imputado (Lockward) estaba haciendo su defensa material, y el abogado continuaba gesticulando iracundo sin hacer caso a la magistrada.
“Lo de soborno es mentira, ya van dos veces que lo hace y eso es mentira”, insistía, el abogado sobre la voz de la jueza, hasta que esta lo amenazó con arrestarlo en ese momento y subirlo a la carcelita que funciona en el cuatro piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Solo así el togado se sentó y entonces quisieron hablar los otros dos abogados aludidos por Lockward, pero la jueza también le negó la palabra argumentando que el imputado estaba haciendo su defensa material y no se le podía interrumpir.
Falta de calidad
Lockward restó calidad a los querellantes del Clan Mota indicando que la mayoría hizo un desestimiento, y que de cuatro que quedan, Humberto Mota le firmó un poder para justipreciar la propiedad de 2,520,390, que equivale a RD$1 millón”, y que comparte con uno de sus clientes que es biznieto de Cristiano Mota.
“Es decir, que el señor Mota (Humberto) no ha hecho nada, porque yo tengo los poderes y las determinaciones (de herederos) además del título; nadie pudo haber sido engañado como dijo el Ministerio Público.
Exdirector de casinos
También Julián Omar Fernández Figuereo, exdirector de Casinos y Juegos de Hazar hizo ayer uso de la palabra para refutar su inclusión en una nueva querella que hizo Paula de la Rosa Avila a través de su abogada Teresas de Jesús Silverio.
Indicó que estuvo al frente de esa dirección del 2019 al 2020 “y no tengo absolutamente nada que ver con expropiaciones. Quiero que conste en acta”, dijo el imputado Fernández.
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