SANTO DOMINGO.- Una nueva auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló que durante la pandemia del COVID-19, decenas de empleados públicos con salarios que alcanzaban hasta los RD$900,000 mensuales recibieron beneficios económicos de los programas de asistencia social implementados por el Gobierno, originalmente dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
El informe correspondiente al “Examen Coordinado a los Programas de Ayudas Socioeconómicas implementados durante la pandema del COVID-19”, evaluó la ejecución de los programas “Quédate en Casa”, “FASE” y “Pa’ Ti”, concluyendo que aunque el país contó con un adecuado marco legal e institucional para atender la emergencia sanitaria, hubo deficiencias en los mecanismos de control, inclusión y monitoreo de los beneficiarios.
De acuerdo con el documento, la Cámara de Cuentas comprobó que no se aplicaron filtros eficaces para evitar que empleados del Estado con altos ingresos accedieran a los subsidios, lo que provocó que fondos destinados a los sectores más vulnerables terminaran beneficiando a personas que no cumplían con los criterios de necesidad económica.
“El proceso de selección de beneficiarios careció de una depuración efectiva que garantizara que las ayudas fueran otorgadas exclusivamente a hogares de escasos recursos, según lo establecido en los decretos de creación de los programas”, indica la auditoría.
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