SANTO DOMINGO.-Al cumplirse 12 años de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, diversas organizaciones sociales advierten que miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana siguen en condición de apatridia y exclusión social.
Movimiento Reconocido exige restitución plena de la nacionalidad y fin de la apatridia
El Movimiento Reconocido denunció que el Estado dominicano mantiene a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en condición de apatridia, negándoles el acceso a derechos fundamentales y condenándoles a la indefensión jurídica.
El colectivo recordó que la sentencia de 2013 despojó retroactivamente de su nacionalidad a más de 200,000 personas, y que la Ley 169-14, en lugar de reparar el daño, profundizó la exclusión dividiendo a los afectados en categorías arbitrarias. A pesar de que han transcurrido 11 años desde la promulgación de dicha ley, más de 34,000 dominicanos siguen sin documentación válida, mientras que miles del denominado Grupo B poseen cédulas y residencias vencidas, sin mecanismos claros para renovarlas.
Asimismo, la organización denunció que las oficinas creadas para dar seguimiento a la Ley 169-14 permanecen cerradas desde la pandemia de 2020, dejando a las personas en vulnerabilidad legal constante. También señaló que quienes no pudieron acogerse al limitado plazo de la ley permanecen en una condición de apatridia total, sin vías para reclamar su derecho a la nacionalidad.
El Movimiento Reconocido criticó además que, pese a los decretos de naturalización emitidos en 2020 y 2021, el gobierno y la Junta Central Electoral no han entregado las cédulas a los beneficiarios. Incluso, 32 personas que obtuvieron sentencias favorables del Tribunal Constitucional siguen sin recibir su documentación.
La organización advirtió que esta exclusión se combina con prácticas de violencia institucional: en lo que va del año, más de 50 personas dominicanas de ascendencia haitiana han sido víctimas de detenciones arbitrarias y expulsiones ilegales hacia Haití, ejecutadas por la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y el Ejército. Estas acciones, denunció el colectivo, se basan en el color de piel y en la falta de documentos que el propio Estado se niega a entregar, exponiendo a las víctimas a redes de trata y a la violencia en un país que no conocen.
Casos como los de Jessica y Daniela Lucien Joseph, Lina Pie Lima y Brenda Luis —algunas detenidas tras dar a luz y otras junto a sus hijos menores— evidencian que estas políticas constituyen violencia de género, discriminación sistemática y violaciones a los derechos de la niñez, la Constitución y los compromisos internacionales de República Dominicana.
El Movimiento Reconocido recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han advertido reiteradamente que la sentencia 168-13 viola los tratados internacionales firmados por el país. Sin embargo, las autoridades mantienen un régimen de discriminación que, según el colectivo, “atenta contra la democracia misma”.
“Estos doce años han sido de exclusión, pero también de resistencia: hemos acompañado a familias, formado a jóvenes, impulsado proyectos culturales y económicos, y construido una memoria colectiva que desafía el intento de borrarnos. Aunque nos nieguen documentos, jamás podrán borrar nuestra identidad”, expresó la organización.
En este aniversario, el Movimiento Reconocido exigió al presidente Luis Abinader y al Estado dominicano:
- La entrega inmediata de documentos de identidad a todas las personas beneficiarias de la Ley 169-14.
- La reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía para dar seguimiento a la Ley 169-14.
- El cumplimiento efectivo de los decretos de naturalización y la entrega de cédulas a quienes ya fueron reconocidos por el Estado.
- El cese inmediato de las detenciones arbitrarias y expulsiones ilegales de dominicanos de ascendencia haitiana.
- La restitución plena de la nacionalidad a todas las personas desnacionalizadas nacidas entre 1929 y 2010.
- La creación de un espacio de diálogo con el presidente o su gabinete para avanzar en soluciones concretas y sostenibles.
Finalmente, el colectivo recordó las palabras del propio Luis Abinader en 2013, cuando afirmó que “un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación” y que las personas afectadas por la sentencia “no estaban solas”. “Hoy, como presidente, ha olvidado ese compromiso y se ha negado a reunirse con nuestro colectivo. Por eso decimos con firmeza: la justicia no puede esperar”, concluyó el Movimiento Reconocido.
DxD plantea que la Sentencia 168-13 incrementó la pobreza
La Plataforma Dominican@s por Derecho (DxD) advirtió que la desigualdad se ha profundizado en la República Dominicana al conmemorarse este 23 de septiembre doce años de la Sentencia TC 168-13, que despojó a miles de dominicanos descendientes de migrantes del pleno reconocimiento de su nacionalidad.
Las organizaciones entienden que la medida emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de septiembre de 2013 ha profundizado una brecha que, a pesar de las promesas, la actual gestión de gobierno no ha logrado reducir en ningún aspecto.
La plataforma indicó además en un comunicado este martes que “la persistencia de esquemas obsoletos y discriminatorios en la administración pública, basados en el origen y condición social de los dominicanos, niega oportunidades de progreso a las personas, sus familias y comunidades y crea no solo ciudadanos, sino provincias de segunda categoría, donde la solución a los problemas no llega”.
Los datos de pobreza monetaria que recogen los boletines e informes del antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) respaldan esta afirmación, mostrando que las provincias con mayor número de afectados por la sentencia figuran consistentemente entre las más pobres del país. Factores como el desempleo, la falta de servicios básicos y el bajo nivel educativo son más pronunciados en estas zonas, generando capas de vulnerabilidad para estas personas.
“La falta de una cédula de identidad, principal instrumento de reconocimiento civil, es la base de una extensa cadena de exclusión. Sin este documento, los afectados no pueden acceder a empleos formales, afiliarse al Sistema Dominicano de Seguridad Social, abrir cuentas bancarias o recibir atención médica de calidad, limitando así su desarrollo personal y el de sus comunidades”, expresan en el comunicado estas organizaciones sociales.
La plataforma denunció que en 2024 se han intensificado los operativos de detención, creando un clima de incertidumbre y amenaza constante. Estos despliegues, que a menudo se basan en el perfil racial, ponen en riesgo a dominicanos que cuentan con sus documentos de identidad, obligándolos a pasar por engorrosos procesos de depuración.
Consideran que aunque la Ley 169-14 buscó responder a la Sentencia del Tribunal Constitucional, miles de dominicanos siguen afectados por la parálisis administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP). La negligencia y burocracia de estas instituciones obstaculizan la integración plena de estas personas a la sociedad, explican en un documento.
“Un caso particularmente preocupante es el de los 8,000 dominicanos que, habiendo agotado el proceso ante el MIP hace 10 años, aún esperan la entrega de su documentación definitiva. La demora no solo frustra a los ciudadanos, sino que también desvaloriza la inversión pública, se da vueltas a un problema solucionable», indicó la organización.
La plataforma Dominican@s por Derecho hace un llamado urgente al gobierno a implementar políticas genuinas de inclusión y a cumplir con los compromisos pendientes. “La lucha contra la exclusión documental es, en esencia, la lucha contra la pobreza y la inequidad”, concluyeron. “Es imperativo que el Estado dominicano cierre este círculo de exclusión y abra un camino real hacia la integración, garantizando los derechos plenos y el acceso efectivo a la ciudadanía para todos sus habitantes”.
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