La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer por unanimidad el avance del proyecto -que está en su segundo trámite constitucional y debe votarse en el pleno-, aunque con diferencias en lo que algunos parlamentarios llamaron «una lógica de control y sanción, y no uno integral de protección de derechos».
El presidente de Chile, José Antonio Kast, envió el proyecto al Congreso después de que un joven de 19 años matara con un arma blanca a una asistente educacional en Calama, 1.500 kilómetros al norte de Santiago, a fines de marzo, aunque en el debate político se ha insistido que «la violencia extrema solo representa un 10 % de las denuncias».
Los datos del Gobierno
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, detalló en su presentación en el Senado que el 54,6 % de los establecimientos educativos -de un universo de 13.465 instituciones-, tuvieron en 2025 al menos un caso policial, que suman más de 56.000 incidentes.
«La violencia física e intimidatoria se ha instalado como un fenómeno estructural en el espacio educativo chileno, trascendiendo los meros conflictos de convivencia», dijo Jouannet.
Los datos, procesados por el Centro de Estudios y Análisis de Delitos (CEAD), que es una unidad técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, indican que el 9.811 de los casos (17,5 %) fueron de tipo penal con lesiones leves, 226 casos considerados de lesiones graves o gravísimas (0,4 %), 385 se tipificaron como menos graves el (0,7 %) y 6.113 fueron amenazas (10,9 %).
Los delitos asociados con armas de fuego o corto-punzante fueron 544 (1 %), en tanto que las riñas tuvieron una incidencia de 274 episodios (0,5 %) y las amenazas con armas totalizaron 127 casos (0,2 %). EFE
Acerca del autor
