En la madrugada del 23 de marzo de 1993, la prisión de Huntsville, Texas, fue escenario de un hecho sangriento que marcó un hito en los anales de la justicia estadounidense y dominicana.
Carlos Santana, un dominicano oriundo de zonas rurales sumidas en la pobreza, se convirtió en el primer ciudadano de la República Dominicana —y el primer latinoamericano tras la reinstauración de la pena capital en EE. UU. en 1976— en ser ejecutado mediante inyección letal.
Su caso, derivado de un asalto armado en 1981, desató intensas gestiones diplomáticas, protestas de organismos internacionales y un complejo debate legal sobre la culpabilidad compartida en la doctrina del «homicidio por encargo o participación».
El asalto frustrado y la tragedia en Houston
La historia judicial de Santana comenzó en abril de 1981 en el condado de Harris, Houston (Texas).
En complicidad con un hombre identificado como James Ronald Meanes, el dominicano participó en un audaz intento de robo a un vehículo blindado de la empresa Purolator Armored Inc., que transportaba más de 1.1 millones de dólares.
Durante el tiroteo desencadenado en el atraco, un guardia de seguridad privado cayó mortalmente herido de bala. Aunque durante las investigaciones e impugnaciones judiciales nunca se logró probar con certeza absoluta quién disparó el proyectil fatal, los tribunales de Texas dictaminaron en 1986 que, bajo las leyes estatales, la participación activa en un delito grave con uso de armas implicaba una previsión razonable del resultado fatal, condenando a ambos implicados a la pena capital.
La batalla por la clemencia y el rol de Amnistía Internacional.
Durante sus 11 años en el corredor de la muerte, Santana aprendió el oficio de paralegal para colaborar con los expedientes de otros prisioneros de escasos recursos.
La Cruz Roja, Amnistía Internacional e instituciones del Gobierno dominicano emprendieron una campaña nacional e internacional solicitando la conmutación de la pena a cadena perpetua, apelando a las irregularidades del juicio y a la falta de evidencia forense concluyente que lo situara como el tirador principal.
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Lency Alcántara
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